Hace 16 meses desde que la exsecretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen M. Nielsen, anunció su decisión de cancelar la designación de Honduras para el Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgándoles 18 meses para una transición ordenada antes de que termine el plazo el 5de enero del 2020. 

Para la fecha del pronunciamiento de Honduras, Kirstjen ya había anunciado la cancelación para Nicaragua para el 5 de enero; Haití, que había sido extendida hasta el día 22 de julio. El Salvador, por igual, recibiría la notificación. A la nación centroamericana le limitaron hasta el 9 de septiembre. En total, el DHS ha fijado la fecha de cierre del TPS para seis países desde septiembre del 2017.  

El 3 de octubre de 2018 en Ramos, et al v. Nielsen, et al, el Tribunal Federal del Distrito de California ordenó al DHS una medida cautelar de no implementar y no cumplir las decisiones de terminar el TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador a la espera de una mayor resolución del caso. Unos meses después ocurrió lo mismo para Honduras y Nepal en Bhattarai v. Nielsen y recientemente, en Saget v. Trump, el Tribunal Federal del Distrito de New York ordenó lo mismo para Haití.

Conforme a demandas pendientes y acuerdos judiciales, el Servicio de Inmigración extenderá la documentación apropiada relacionada con el TPS (documentos de autorización de empleo, etc.) para los beneficiarios elegibles de estos países, mientras que la apelación de la medida cautelar continúa su camino hacia el sistema legal. En caso de que la corte la revierta, la decisión será final y la terminación de la designación del TPS entrará en vigor.

El Secretario del DHS es quien puede designar a un país extranjero para TPS debido a que las condiciones allí les impiden a sus ciudadanos regresar temporalmente de manera segura. Esta designación puede deberse a un conflicto armado en curso, un desastre natural o una epidemia, entre otras.

Durante el periodo de designación, los beneficiarios pueden obtenerner un documento de autorización de empleo y en algunos casos un permiso de viaje. Una vez concedido el estatus de TPS, una persona tampoco podrá ser detenida o removida por DHS debido a su estatus migratorio. Es importante aclarar que el TPS es un beneficio temporal y no conlleva a la residencia permanente u otorga otro estatus migratorio. Sin embargo, a las personas que lo obtienen no se les impide aplicar para ajustar su estatus siempre y cuando sean elegibles.

A través de los años, tanto presidentes republicanos como demócratas han extendido esta protección ofreciendo un alivio humanitario y permitiéndoles a sus nacionales trabajar y vivir en Estados Unidos mientras que sus países se recuperan. 

El anuncio cancelando la designación de Honduras para el TPS fue el último del presidente Trump para desaparecerlo progresivamente. Esta administración ha tomado un enfoque diferente al de las anteriores, argumentando que la protección ha sido extendida varias veces y que las condiciones en esos países han mejorado para terminar su designación de emergencia. 

En el caso de Honduras y Nicaragua, el TPS fue otorgado en 1999 luego de que el huracán Mitch devastara las naciones centroamericanas. Más tarde ese mismo año, le fue otorgado a El Salvador luego de que un terremoto lo azotara, y por último, a Haití a principio 2010 tras un potente terremoto.  

Con la eliminación del TPS para los hondureños, la Administración ha terminado casi el 98% de los más de 300,000 inmigrantes de seis países que han residido en el país por más de 20 años. 

Es comprensible terminar esta protección unos dos o tres años después, pero, tras más de 20 años, tendrá un efecto devastador para miles de familias que han hecho una vida en el país.

Agregar más personas a esta situación solo la empeorará. Los nacionales de los países beneficiados con este estatus temporal tendrán ahora que decidir si vuelven a sus naciones llevándose en la mayoría de los casos a sus hijos nacidos aquí (a un país que nunca han conocido), dejarlos aquí o permanecer en Estados Unidos como indocumentados con el riesgo inminente de una deportación.

Hace unos meses, varios congresistas se dirigieron al Secretario Interino de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan, con el fin de que se les otorgara a los venezolanos la designación de TPS, argumentando que la crisis política, económica y humanitaria en  el país es precisamente el escenario para el cual el estatuto fue diseñado. El DHS respondió que el TPS es discrecionario y aunque el secretario determinara que las condiciones existen, puede negarse a designarlo.

Más tarde, la Cámara de Representantes pasó una medida (The Venezuela TPS Act of 2019 H.R. 549) designando a los venezolanos para el TPS por un periodo inicial de 18 meses, con la opción de ser renovado. Sin embargo, la medida no tuvo el apoyo del Senado y no pasó. El presidente Trump pudiera firmar una orden ejecutiva otorgando el TPS, pero se ha limitado a decir que su administración continuará vigilando la crisis en Venezuela.

Recientemente fuimos testigos de la devastación y destrucción que dejó el huracán Dorian en las Bahamas, al ser cuestionado el Secretario Interino de Seguridad Nacional sobre la lista de requerimientos para que los bahamenses puedan entrar a Estados Unidos, indicó que aunque había destrucción no sucedía en todo el país, dejando claro la poca posibilidad de un estatus humanitario.

El estatus temporal ha ayudado a más de 200,000 personas de estos países a tener una protección. Varias propuestas relacionadas con el TPS se han introducido en el Congreso para darles la oportunidad a los beneficiarios originales de quedarse permanentemente en  Estados Unidos. 

Las señales de la Administración Trump dictan que hasta que no se finalicen los procesos judiciales del TPS con los nacionales que se beneficiaron en los 90’s e inicios de siglo, sin importar la tragedia, Estados Unidos no piensa otorgar más TPS. 

¿Cuál es el futuro del TPS? Por el momento no lo sabemos, a pesar de que su pasado, sí lo tenemos muy claro.